De las facturas en el cajón a las e-facturas en el servidor. | Borja Colón

De las facturas en el cajón a las e-facturas en el servidor.

Como todos sabéis, el Consejo de Ministros del 28 de junio de 2013 aprobó el Proyecto de Ley de impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable, remitiendo entonces el texto a las Cortes Generales para su aprobación definitiva. La puesta en marcha de esta iniciativa permitirá, según nos dice la nota de prensa de Moncloa, un incremento de la eficiencia en las Administraciones Publicas en la medida de que la e-factura será introducida por el proveedor en lugar de acumularse en los departamentos contables de aquéllas. Generará también ahorro de costes en términos de espacio y de papel, permitiendo, además, un seguimiento de los gastos de forma más fiable y un control más férreo sobre los plazos de pago.

No obstante, me gustaría poner el solfa todo lo anterior, más que nada porque nos es la primera vez que se impulsa una medida de estas características y sobre todo y, fundamentalmente, por que no se está enfocando la problemática de las facturas públicas desde el punto de vista correcto. Más allá de las críticas que pueda suscitar el Proyecto de Ley en cuestión, existen algunas cuestiones que quisiera comentar en torno a la facturación electrónica que me impiden, al menos a priori, tener buenas sensaciones respecto del mismo.

En primer lugar, ¿porqué no se está aprovechando verdaderamente el impulso del proyecto para simplificar y hacer más eficientes los circuitos administrativos implicados en la gestión de las facturas? Dicho de otro modo, quizá el problema de los plazos no sea el pago en si mismo de una factura en papel o una factura electrónica, sino más bien el hecho de que no somos ágiles en cuanto a la tramitación interna de las mismas, en cuanto a su gestión.

Cuestión a parte, de la que el Proyecto de Ley no se hace eco, es el coste de implantación de la e-factura para los proveedores, auténticos emisores netos de facturas y no la propia Administración, que solo debe recibirlas. Para los proveedores, grosso modo, podemos citar por evidentes algunos de los siguientes costes: costes de adaptar los procedimientos de facturación a las Administraciones Públicas, costes de implantar herramientas que comprueben y validen la firma electrónica, costes de formación adecuada a los empleados, costes de asesoramiento y soporte técnico, costes de mantener paralelamente otros procedimientos con otros clientes del sector privado, costes de integrar y gestionar, paralelamente facturas en otros formatos y soportes y costes de adoptar un repositorio digital que asegure la conservación de la validez de la factura electrónica y de su acuse de recibo, durante toda su vigencia legal, entre muchos otros.

Finalmente, solo decir una cosa más, las Administraciones que guardaban las facturas de papel en el cajón, las seguirán guardando, pero en el servidor. Porque el problema no es el soporte sobre el que se sustenten las mismas, ni siquiera los eventuales beneficios que una plataforma enteramente electrónica pudiera reportar, sino más bien el hecho de que siguen habiendo muchas Administraciones Públicas que, aun queriendo, no pueden pagar.

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