En busca de la honorabilidad perdida: hacia la profesionalización de dirección pública en la AGE.

Leía el otro día el borrador del Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado remitido por el Consejo de Ministros a finales del mes de febrero para su aprobación por las Cortes Generales y me llamó mucho la atención que el mismo recurría a la honorabilidad de los aspirantes a dicho puesto para determinar su idoneidad y aptitud al mismo, ¿qué curioso verdad?

Un alto cargo, dice el proyecto de Ley, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional (¿qué tiene que ver esto con la honorabilidad?) respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. En este sentido, el proyecto de ley aclara, refuerza y amplía dicho marco jurídico con vistas a garantizar que el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas. Se supera, asimismo, la ausencia de un único instrumento donde se regulen las normas aplicables al ejercicio de un alto cargo, que minaba el derecho de los ciudadanos a una información transparente, clara y comprensible de las condiciones aplicables al mismo.

En resumen diría yo, se trata, por un lado, de incluir en una única norma las disposiciones relativas al nombramiento de los altos cargos, introduciendo nuevos mecanismos que garanticen la idoneidad del candidato, que permitan un análisis previo de la posible existencia de conflictos de intereses y que aseguren el control del órgano que tiene asignadas las competencias en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses. Por otro lado, aclarar también el régimen retributivo, de protección social, de uso de recursos humanos y materiales así como de incompatibilidades que serán aplicables a los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de la futura norma. Y, por último, reforzar el control del cumplimiento de sus disposiciones, dotando al órgano competente para ello, la Oficina de Conflictos de Intereses, de nuevas competencias y medios para desarrollar sus funciones con las máximas garantías de competencia, transparencia e independencia.

La ley aclara, entonces, las condiciones para proceder al nombramiento de un alto cargo. Se introduce como novedad en este punto la idoneidad como requisito para el nombramiento de los altos cargos, tomando como referencia los criterios de mérito y capacidad así como los de honorabilidad. Para ello, se regulan las causas por las que se considera que no concurre honorabilidad y, por lo tanto, no pueden considerarse idóneos para el desempeño de un alto cargo. La honorabilidad, además, debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones, por lo que su falta sobrevenida será causa de cese. La constatación previa de que se cumplen las condiciones de idoneidad para el desempeño del cargo se hará mediante una declaración responsable que deberá suscribir el candidato, que deberá suministrar a la Oficina de Conflictos de Intereses, en caso de que así se lo solicite, la documentación que acredite dicho cumplimiento.

Es el art. 2 del Proyecto de Ley el que regula el nombramiento de los altos cargos, estableciendo que éste se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo. Se considera que no concurre la honorabilidad en quienes hayan sido: 

a) Condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, hasta que se haya cumplido la condena.

b) Condenados por sentencia firme por la comisión de delitos de falsedad; contra la libertad; contra el patrimonio y orden socioeconómico, la Constitución, las instituciones del Estado, la Administración de Justicia, la Administración Pública, la Comunidad Internacional; de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; y contra el orden público, en especial, el terrorismo, hasta que los antecedentes penales hayan sido cancelados.

c) Los inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

d) Los inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público, durante el tiempo que dure la sanción, en los términos previstos en la legislación penal y administrativa.

e) Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, durante el periodo que fije la resolución sancionadora.

Finalmente decir que la honorabilidad debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones. La falta de honorabilidad sobrevenida será causa de cese a estos efectos y, en los supuestos en que el alto cargo sólo puede ser cesado por determinadas causas tasadas, será considerada como un incumplimiento grave de sus obligaciones del cargo declarado a través del correspondiente procedimiento.

Esta es, cuanto menos, una forma curiosa de enfocar la delicada cuestión de las incompatibilidades de los altos cargos, habida cuenta de la enorme necesidad de acometer una profunda reforma en el sistema, ya no tanto para especificar los requisitos de entrada o salida a la condición de alto cargo, sino más bien para evitar le temida “puerta giratoria” que tanto daño está haciendo al prestigio de nuestras Administraciones públicas. Sirva de ejemplo, el Informe publicado el 15 de enero de 2014 por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que ha criticado la confusión de intereses entre políticos y empresas en España que acaban por afectar a la credibilidad de las instituciones.

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