¿Hacia un nuevo modelo de gobierno y administración provincial?

Entrada original publicada en borjacolon.blogspot.com

Las Diputaciones provinciales vuelven a estar en el punto de mira, y buena prueba de ello es el informe que presentó ayer en Madrid la Fundación ¿Hay Derecho? sobre el coste y la utilidad de las mismas (“claves para un debate necesario”) en el que, literalmente, se “presentan algunos datos sobre las Diputaciones provinciales que, desde distintas perspectivas, contribuyan a un debate racional sobre si es conveniente mantener estas Administraciones con su estructura y funcionamiento actuales o si sería más razonable abordar de una vez su supresión o su reforma en profundidad así como el papel que podrían desempeñar”. 



Y es verdad, no miremos hacia otro lado, el problema lo tenemos aquí y ahora, concretamente focalizado como tantas otras veces en las Diputaciones provinciales. Sin embargo, y sin entrar en el detalle de los muchos argumentos que se pueden dar a favor y en contra de las mismas, lo cierto es que deberíamos plantearnos en primer término, qué porcentaje de las críticas que se formulan en contra de éstas pueden imputarse estrictamente a ese modelo específico de gobierno o administración local y qué parte de ellas (yo creo que la mayoría) hacen referencia, en general, a un sistema de instituciones públicas -el español- anquilosado, enormemente burocratizazo, carente de liderazgo y estrategia conocida, incapaz de abordar el reto de la transformación tecnológica y alejado en la mayoría de los casos de la realidad ciudadana que le sostiene. 

No podemos perder de vista, además, que las Diputaciones provinciales son en términos competenciales las responsables de diseñar e implantar la Administración electrónica en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que es lo mismo que decir que son las encargadas de modernizar y racionalizar el conjunto de Administraciones públicas que dan servicio aproximadamente a un tercio de la población española, es decir, a esos 15 millones de habitantes que viven actualmente en los municipios por debajo de ese umbral de población. 

Porque no nos engañemos, la planta municipal en España es la que es y requiere de gobiernos locales intermedios eficientes y sostenibles, adopten la forma de Diputaciones provinciales o cualquier otra que el legislador decida, para velar por los intereses de los más pequeños y prestar todos esos servicios públicos esenciales que estos son incapaces de asumir.

La solución quizá no sea fácil, desde luego, pero plantearse suprimir las Diputaciones para acabar con los problemas que de las mismas se derivan supone desconocer el mundo local y su funcionamiento y aviva aún más si cabe un debate superficial (aunque necesario) sobre las instituciones públicas de nuestro país.  
Nos vamos leyendo. 

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