Transparencia, participación ciudadana y buen gobierno

Próxima la aprobación de la denominada Ley de transparencia (formalmente denominada “de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) a los que hemos seguido su tramitación en sede parlamentaria se nos suscitan algunas cuestiones difíciles, a esta hora, de solucionar. La primera, y yo creo que más fundamental, es la relativa a considerar la materia de transparencia no como un derecho fundamental de los ciudadanos, ubicado por tanto en el Título I de nuestra Constitución, sino más bien como un cuestión accesoria y/o residual dentro del Título IV de ésta, relativo al Gobierno y la Administración, donde concretamente su art. 105, letra b) dispone que la ley regulará: “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas“. La diferencia a mi modo de ver no es baladí, ya que en el primer caso, entendido el derecho de transparencia como un derecho fundamental gozaría éste de protección preferente por los tribunales de justicia (art. 53 CE) y, en el segundo, sencillamente sería una imposición más derivada de una Ley ordinaria de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos.

Llama la atención, por otro lado, que no encontramos en el Informe CORA ni una sola acción destinada al impulso de la transparencia como palanca de cambio para la reforma de las AA. PP. Curioso simplemente. Deberá, pues, aprobarse por parte del Consejo de Ministros, un plan de ejecución en el ámbito de TODAS las Administraciones Públicas que impulse verdaderamente una materia que lejos de haber calado en las Administraciones Públicas estos últimos años, necesita toda la ayuda posible, al menos ahora al principio, para despegar.

Lógicamente la Ley de Transparencia ha sufrido algunos cambios en su redacción original a su paso por el Senado que alteran considerablemente el cronograma de aplicación de la misma. El proyecto inicial del Gobierno ya preveía una moratoria de un año desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado para la entrada en vigor del capítulo sobre Transparencia, un plazo que no se había modificado durante la tramitación en el Congreso. De este modo, una vez que la ley se apruebe, probablemente este mismo pleno del Congreso del jueves 28 de noviembre y sea publicada la norma, tanto la Administración General del Estado como las entidades privadas a las que afecta (partidos políticos, organizaciones empresariales y en general entidades subvencionadas) contarán un periodo de 12 meses de carencia para adaptarse a la misma. Esto implica que a más tardar en diciembre de 2014 deberá ponerse en marcha el denominado Portal de la Transparencia y constituirse el Consejo de la Transparencia que velará por su cumplimiento. Sin embargo, gracias a una enmienda introducida en el Senado y que el jueves ratificará el Congreso, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales tendrán un año ‘extra’ para cumplir con las obligaciones de transparencia, esto es, finales de 2016. 

Finalmente y a modo de conclusión, nunca deberíamos entender la transparencia como una herramienta para combatir, en exclusiva, la corrupción. En mi opinión, la transparencia no es sino el primer escalón hacia la participación real de los ciudadanos en democracia y, ésta, la participación, entendida como deliberación pública de los asuntos de gobierno debe considerarse como el fin último de la legitimación de los actuales gobiernos. La rendición de cuentas a través de la transparencia no es más, pues, que el canal natural para materializar la participación ciudadana en los asuntos públicos como sustrato esencial del verdadero “buen gobierno”.

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